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Conciliación extrajudicial
Mecanismo alternativo para resolver conflictos sin necesidad de ir a juicio.
Conciliación virtual
Los centros autorizados permiten llevar a cabo el procedimiento de conciliación de forma virtual, para mayor accesibilidad.
Documentación del acta de conciliación
Una vez logrado un acuerdo, se elabora un acta de conciliación que tiene fuerza legal similar a una sentencia judicial y puede ser exigible como título ejecutivo.
Ámbitos de conciliación
Casos como incumplimiento de contrato, desalojo, pago de deudas, obligaciones de dar/hacer/no hacer, indemnización por daños y perjuicios, y división o partición de bienes, entre otros. Temas como pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia de hijos, disminución o aumento de pensión, y liquidación de sociedad de gananciales/bienes. Conflictos derivados de contratos públicos: liquidaciones, recepciones, valorizaciones, ampliaciones de plazo, pagos pendientes y vicios ocultos, entre otros. Ruidos molestos, filtraciones, humedades y disputas entre vecinos, etc.
Civiles y comerciales
Familiares
Contrataciones con el Estado
Problemas vecinales u otros conflictos de libre disponibilidad
Asesoramiento y orientación
Los conciliadores o los centros orientan sobre el procedimiento, requisitos y si el tema es susceptible de conciliación. No siempre se necesita abogado, salvo que las partes lo deseen.
Gratuidad o tarifas diferenciadas
Hay centros gratuitos (especialmente los del Ministerio de Justicia) para personas en situación de vulnerabilidad. También centros privados que aplican tarifas.
Mesa de partes virtual y presencial para presentar la solicitud
Para iniciar la conciliación se presenta una solicitud, ya sea física o por medios electrónicos.
Audiencia de conciliación
Una sesión en la que interviene un conciliador, se citan a ambas partes, se exponen los puntos de conflicto y se busca llegar a un acuerdo. Se debe respetar confidencialidad.
Supervisión, acreditación y control
Los centros necesitan estar autorizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los conciliadores acreditados. Además existen normas que regulan el funcionamiento.
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